Estado anti-imigrante trata de convertir en delito la ilegalidad

Arizona, ha sido el primer estado en tratar de convertir en delito el ingreso de inmigrantes indocumentados. A pesar de que la aplicación de las leyes migratorias es considerada, solo una facultad del gobierno federal.

Este Estado, considerado anti-inmigrante, Asignó a los policías locales el poder de detener y de deportar a extranjeros sin autorización de estadía dentro del país, en su territorio.

Joe Arpaio, sheriff del Condado Maricopa, firmó durante la administración del ex presidente George W. Bush un acuerdo con el DHS para colaborar con autoridades federales en el arresto de indocumentados. Desde ese momento, Arpaio entrenó a mas de 100 agentes  para realizar tareas de inmigración.

Una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), lo acusó de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder en contra de los inmigrantes.

Para el  actual subsecretario  de Seguridad Interna, John Morton,  las acciones de Arpaio no son consistentes con el  nuevo programa  federal , el cual ordena solo la captura de inmigrantes ilegales que cometen delitos graves, despojando a los sheriffs  la autoridad para aplicar las leyes migratorias.

Sin embargo, políticos conservadores de Arizona siguen en la lucha de aprobar el proyecto, asegurando que "esta es una acción correctiva que toman, porque Washington se niega a actuar en la frontera", proyecto que buscan conseguir  en las urnas de noviembre del 2010.

A pesar, de  que  el Departamento de Seguridad Nacional retiró el poder de arrestar en las calles a personas solamente por su estatus migratorio, el alguacil Joe Arpaio, "Cazador de indocumentados",  ha continuado con los operativos  en contra de los  inmigrantes ilegales.

Actualmente, Arpaio se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de hispanos durante sus operativos. Gran cantidad de denuncias en su contra influenciaron para la realización de estas averiguaciones.

Durante un litigio, que se llevo en su contra el mes pasado, el alguacil Joe Arpaio, no proporcionó todos los reportes de operativos de arresto al abogado Peter Kozinets, representante de la parte demandante ACLU.

En el juicio se interrogó al sargento Manuel Madrid, encargado de supervisar los controversiales operativos, quien bajo juramento admitió haber borrado información pertinente al  caso. Por lo que el Juez Federal a cargo,  impondrá castigos al Sheriff y exigirá que cubra con todos los gastos de la corte.


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